Ante una incierta política de colaboración contra el crimen, las extradiciones podrían “empantanarse” entre México y los Estados Unidos. Más de 60 narcotraficantes mexicanos y algunos extranjeros aguardan en prisiones del país la resolución de su proceso. Ante un endurecimiento de las medidas de seguridad, comercio, migración y hasta diplomáticas de los norteamericanos, México tiene “un as bajo la manga”, asegura el investigador español Jesús Pérez Caballero.
“El H”, “El Z-40”, “La Tuta”, “El Viceroy”, “El Cuini” y hasta los prófugos Rafael Caro Quintero, “El Mencho”, “El Azul” y “El Mayo” Zambada, son “moneda de cambio” Antes de Joaquín “El Chapo” Guzmán, México entregó en extradición a 86 presuntos delincuentes a los Estados Unidos en un lapso de nueve meses. A cambio, el gobierno norteamericano entregó a nuestro país a siete connacionales -por la misma vía- para ser procesados. Ahora el panorama en materia de extradiciones parece incierto, cuando hay más de sesenta presuntos narcotraficantes en espera de ser enviados a la Unión Americana.
La entrega del ex líder del Cártel de Sinaloa durante el último día de la gestión de Barack Obamacomo Presidente de los Estados Unidos pudo haber sido la última extradición “amable” entre ambos países, se escuchan voces de analistas sobre el tema, a unos días de que Donald Trump se convirtiera en nuevo mandatario. Los primeros mensajes emitidos por el magnate han advertido que la relación bilateral será muy turbulenta.
En opinión del investigador académico español, radicado en México, Jesús Pérez Caballero, la “administración Trump” va a instrumentalizar la llamada guerra contra el narcotráfico y los actos más violentos cometidos por agrupaciones de narcotraficantes mexicanos, para obtener un débito político, económico o migratorio, para presionar en México la adopción de un rol de sumisión a las políticas del nuevo gobierno republicano. Así como los estadounidenses son los principales socios comerciales, también en materia de justicia son la nación con la que México tiene un mayor intercambio en lo que se refiere a delincuentes prófugos, pues durante el periodo del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, de los 90 presos (cuatro mujeres y 86 varones) entregados a países extranjeros, 86 fueron para Estados Unidos, según información de la Procuraduría General de la República (PGR). Rafael Caro Quintero .
Entrevistado por ZETA, Pérez Caballero enfatizó que durante los ocho años de la administraciónde Obama hubo una continuidad en el trato, tanto con Felipe Calderón, como con Enrique Peña Nieto, e incluso la candidata derrotada, Hillary Clinton, mostró un apego a la manera de entender los problemas que comparten las dos naciones, “lo que no sucede con Donald Trump”. Presuntos narcotraficantes de diversos cárteles de la droga, del calibre de Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”, Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H”, Abigael González Valencia “El Cuini”, los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales “El Z-40” y “El Z-42”; Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” y el propio hermano de “El Chapo”, Miguel Ángel Guzmán Loera “El Mudo”, se encuentran en espera de ser extraditados al país del norte.
Presente y futuro La extradición materializada del “Chapo” Guzmán, que ha sido como el símbolo de la lucha contra el narcotráfico dentro de la narrativa compartida por México y Estados Unidos, justo en ese momento político, antes de la investida de Trump, revela ese gesto hacia laadministración Obama, reconoce el también doctor en Seguridad Internacional y becarioposdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Está claro que el gobierno mexicano no quiso mostrarse hostil ante Trump, por tanto, justo en ese momento que actúa como bisagra, administración saliente, administraciónentrante.
Desde mi punto de vista, puede interpretarse -a falta de más datos- como una maniobra política en la que se muestra tanto un reconocimiento a la administración saliente como la apertura a seguir colaborando con la administración entrante”, afirma el investigador. Pérez Caballero estima que la entrega de Guzmán Loera no tiene por qué ser una cuestión especialmente criticable, en la medida en que no se vulneraron los derechos del “Chapo”, quien se había convertido en un sujeto problemático por sus fugas y la posibilidad de activar núcleos de corrupción que le permitieron tener un trato diferenciado en prisión. Aunque admite que el ritmo judicial se adaptó al ritmo del Ejecutivo mexicano para que la extradición fuese posible en la fecha que se consumó.
Sobre el futuro de las extradiciones de capos, pendientes de concluir su procedimiento y ejecutar, el experto ibérico manifestó que en el tema siempre ha habido matices no solo jurídicos, sino políticos, entendidos como una serie de gestos, una serie de acciones para mostrar, para mandar un mensaje al país al que se extradita y también a las instituciones, a la ciudadanía o a los posibles individuos a extraditar. “¿Cómo entender desde esa perspectiva las posibles extradiciones futuras a Estados Unidos de altos narcotraficantes? Pues, va a depender de qué mensaje se quiere dar a Estados Unidos. Va a depender de si la administración Trump presiona, por ejemplo, para que se extradite a determinado personaje.
Va a también depender de si esos individuos capturados pueden ser útiles para el gobierno mexicano”, expresó el doctor Pérez. El entrevistado aclaró que la extradición también se guía por criterios de opinión pública y no es lo mismo la fiscalización que pueda hacer la ciudadanía y los medios de comunicación, de un caso como el del “Chapo” Guzmán, “que cada equis tiempo aparece en los medios, por la propia naturaleza de la figura mediática de ese sujeto, que de otros altos narcotraficantes que no tengan ese perfil mediático. Habrá que ver cómo se utiliza la figura de la extradición, sí se quiere para ganar visibilidad, si se quiere mandar un mensaje a la ciudadanía, si se quiere mandar un mensaje de firmeza, etcétera”.
Las posturas Donald Trump ya emitió un mensaje de los inminentes cambios en su relación política, comercial, migratoria y de seguridad con los demás países del mundo, entre ellos México, con el que comparte límites territoriales, y por tanto, “es probable que Trump sea menos tolerante a acciones de una auto-regulación más propensa al narcotráfico. Acciones de legalización, por ejemplo. Es probable que Trump sea bastante reactivo. Es probable también que se implemente una política de mano dura y se presione a México.
Es probable que cualquier acto que sea percibido en las zonas fronterizas entre México y Estados Unidos se magnifique y sirva para seguir presionando a México”, destaca Jesús Pérez Caballero. “Vamos a ver cómo este juego en esta relación se insertan las asociaciones de narcotraficantes mexicanos o los grupos del crimen organizado; cómo pueden, a lo mejor, con acciones propagandísticas, planear acciones violentas contra intereses estadounidenses o fronterizos. Pueden tensar la relación.
Está claro que ante un -digamos- ‘elefante’ -por usar la metáfora- como es Trump, que sobre reacciona ante cualquier acto, es muy fácil que las ‘avispas’ del crimen organizado puedan molestarle, puedan crear una acción-reacción con consecuencias que por el momento no podemos prever”. Vicente Carrillo Fuentes, alias Viceroy.
El investigador apuntó que es probable que se haga más evidente la estrategia punitiva de los Estados Unidos, como lo advierte la construcción del muro, “o lo que implica en cuanto a coste de derechos humanos o de seguir en la ‘respiración asistida’ que supone la estrategia de militarización”. Por su parte, “las autoridades mexicanas no implementan acciones profundas, de reforma judicial, policial, etcétera, y siguen dependiendo de ese marco contra-insurgente”. La figura de la extradición va a seguir siendo utilizada para enviar mensajes, tanto para Estados Unidos como para México, la propia sociedad mexicana, como para los sujetos extraditados, “pero no creo que exista, hoy por hoy, una política de entrega sistemática o recurrente de altos narcotraficantes a la administración de Estados Unidos, sobre todo porque de explicitarse esa política, México perdería el ‘as bajo la manga’, perdería esa capacidad de jugar con la posibilidad de extraditar o no.
Es decir, también la extradición es una baja política que puede ponerse en el tablero en un entorno volátil”. Narcos en “capilla” Además de los delincuentes entregados en extradición, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nueve meses entre 2015 y 2016, México trasladó a 17 extranjeros sentenciados en nuestro país a sus lugares de origen para que concluyeran con las condenas impuestas en tribunales mexicanos; en cambio, fueron transferidos a México 24 connacionales para el cumplimiento de sus penas, de acuerdo con los Tratados de Ejecución de Sentencias Penales.
En suelo mexicano, en cárceles federales, la mayoría en el penal de máxima seguridad Altiplano, se encuentran más de cincuenta presuntos narcotraficantes de alto perfil que son reclamados en extradición por Estados Unidos, aunque no en todos los casos han efectuado la petición formal.
Junto con los capos no detenidos, la lista rebasa los sesenta personajes, muchos de ellos conocidos a través de los medios de comunicación.
La lista de extraditables la inicia Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H” y continúa con Ismael Zambada Imperial, Servando Gómez Martínez, Vicente Carrillo Fuentes, Miguel Ángel Treviño Morales, Óscar Omar Treviño Morales, Héctor Manuel Avendaño Ojeda, Jesús Alfredo Salazar Ramírez, Adán Salazar Zamorano, Rodolfo López Ibarra, Carlos Navarro Durazo, Ángel Domínguez Ramírez, Rubén Antonio Calderilla Reyes, Alfonso Lira Sotelo, Luis Arellano Romero, Juan Francisco Sillas Rocha, Carlos Herrera Ávalos y/o Gustavo Rivera Martínez. También reclama en investigaciones norteamericanas a Abigael González Valencia, Fernando Sánchez Arellano, Mario Alberto Ramírez Treviño, J. Jesús Méndez Vargas, Juan José Álvarez Tostado Galván, Martín Gaudencio Avendaño, Carlos Alberto Cerda Torres, Rafael Duarte Torres, Alfonso Limón Sánchez, Felipe Cabrera Sarabia, José Antonio Torres Marrufo, Valentín Sáenz Cruz, Luis Guillermo Castillo Rubio, Rubén Garza Rodríguez, Noel Salgueiro Nevárez, Inés Enrique Torres Acosta, Fidel Urbina y Rafael Rivera Salomón. El suegro del “Chapo” Guzmán, Inés Coronel Barrera, está entre los pendientes de formalizar. Y la lista sigue con Gabino Peralta Saucedo, Juan Padilla Vizcarra, Jesús Ramón Núñez Angulo, Rafael Guadalupe Félix Núñez, Sergio Garza Treviño, Jesús Raúl Beltrán León, Arnoldo Rueda Molina, Ramón Álvarez Ayala, Miguel Ángel Guzmán Loera, Víctor Manuel Félix Félix, Miguel Ángel Aramiz Herrera, Juan Jesús Flores Lara, Francisco Javier Cantabrana Parra, Lucio Hernández Lechuga, Alfredo Andrade Parra, José Meléndez Tarín Óscar Mogollón Restrepo y Gerardo Álvarez Vázquez. Por los personajes más mediáticos, no detenidos, se menciona al célebre Rafael Caro Quintero, Emilio Sajid Quintero Navidad “El Cadete” (primo de Caro), Ismael “El Mayo” Zambada García, Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”. Capos de todos “colores” que son codiciados para ser llevados por la justicia estadounidense con múltiples cargos en sus cortes federales.
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