Culiacán, Sin.-A más de un mes de su arresto en Culiacán, Jesús Krissan Espinoza Ojeda, mejor conocido como El 300, busca obtener la protección de la justicia federal mediante un amparo.
De acuerdo con información obtenida, Espinoza Ojeda (la Marina lo identificó como Cristán Espinoza Rueda) es uno de los pistoleros de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el heredero de la facción del cártel de Sinaloa que encabezaba el Chapo Guzmán.
Este medio dio a conocer la captura de El 300 el mes pasado, pero la PGR en Culiacán alegó que no contaba con información sobre él ni sobre Armando Russel García, alias El Bob Esponja, jefe de seguridad de Guzmán Salazar.
Fue el pasado 28 de octubre cuando la defensa legal de Espinoza Ojeda interpuso la demanda de amparo ante el juez cuarto de distrito con sede en Culiacán, y se inició el expediente 868/2016, que reclama el acto por el que se le vinculó a proceso penal.
El 7 de noviembre el juez federal admitió la demanda, y agendó para el 6 de diciembre la primera audiencia constitucional en donde se desahogarán los alegatos.
Sin embargo, corrió información en el sentido en que en diciembre próximo tanto El 300 como El Bob Esponja serán liberados debido a fallas en el debido proceso. Los dos son personas claves en la estructura que ha formado Iván Archivaldo tras el encarcelamiento de su padre.
Otro que interpuso un amparo contra una posible orden de traslado a un penal federal fue Juan Carlos Aristigui Murillo, alias El Toto Ántrax, uno de los seis detenidos tras la balacera del Ejército con la célula de Los Ántrax, en donde resultó muerto René Velázquez Valenzuela, El Sargento Phoenix, y salió herido José Carlos López Alanís, El Cali, ambos líderes de este grupo criminal.
Aristigui Murillo acudió al juez segundo de distrito de esta capital para solicitar un amparo: se reclama la orden de traslado en contra de los aquí quejosos del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de esta ciudad, en el que se encuentran recluidos, a un diverso centro de reclusión del país
El juez inició el expediente 887/2016, por lo que comenzó a solicitar los informes justificados a las autoridades penitenciarias para determinar si existe dicha orden de traslado.
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