La versión del gobierno mexicano sobre la masacre de San Fernando no resiste la prueba de las indagaciones independientes. Así lo comprueba una investigación coordinada por la organización Periodistas de a Pie en la que participaron reporteros invitados.
Basados en documentos oficiales, testimonios de acusados y de víctimas, e incluso en trabajos académicos, desmienten las conclusiones oficiales sobre el móvil del crimen, las negligencias en la valoración de evidencias y la sospechosa opacidad respecto de las autoridades implicadas.
En vísperas de que se cumplan cinco años de la masacre de los 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, la información oficial sobre esos hechos está en tela de juicio.
La organización Periodistas de a Pie y reporteros invitados compilaron y contrastaron documentos (inéditos, públicos y desclasificados), testimonios de protagonistas y diversas investigaciones oficiales e independientes.
Lo que hallaron y publicaron en el sitio electrónico Másde72 pone en duda la versión que ha difundido el gobierno, incluso datos básicos, como la fecha en que se cometió el crimen, el motivo del mismo y el número de sobrevivientes.
La noche del 24 de agosto la Secretaría de Marina (Semar) informó que un hombre herido había llegado a un puesto de control de la dependencia en San Fernando, solicitando auxilio porque había sobrevivido a un ataque en un rancho cercano. Al indagar, los marinos descubrieron una bodega con los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres que tenían balazos en la cabeza.
Según la explicación oficial, eran migrantes que iban hacia Estados Unidos; en el camino fueron interceptados por sicarios de Los Zetas, que los asesinaron por negarse a trabajar para la organización criminal.
No obstante, los reporteros descubrieron que los agentes del Ministerio Público tamaulipecos describieron que en la escena del crimen, una bodega de concreto de aproximadamente 12 por 9 metros llena de maleza, encontraron 72 cuerpos, 13 del sexo femenino y 59 del masculino, “vendados de los ojos y atados de las manos con cinchos de plástico color blanco, que se encuentran afilados sobre las paredes de dicha bodega”.
La PGR y las autoridades federales, en cambio, siempre sostuvieron que 14 de las víctimas eran mujeres. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) observó que una víctima enviada a fosa común quedó registrada erróneamente con sexo masculino y femenino.
La investigación detectó otra inconsistencia en la fecha de la masacre. Los reporteros tamaulipecos que cubren San Fernando supieron del hecho el día 23, al escuchar la frecuencia de radio de las patrullas de los policías municipales, y acudieron a tomar fotografías de la escena del crimen. Encontraron los cadáveres sin resguardo ni autoridades presentes, pero embargaron la información durante un día: lanzaron la noticia hasta después de que la Marina la hiciera pública…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2012 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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