“El Mayo” dio la orden de sacar a las calles todo el poder armamentístico y de sicarios de la organización del Pacífico para evitar “a cualquier precio” que Ovidio Guzmán “El Ratón” fuera extraditado a EU
La reacción virulenta del Cártel de Sinaloa, que lo llevó, en contra de su costumbre, a declararle la guerra al gobierno federal y a sacar todo su poderío de fuego a las calles de Culiacán el pasado jueves 17, se debió a una filtración que salió desde el gabinete de seguridad.
Según fuentes federales, desde la oficina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo Montaño, se filtró la información de que una célula del Ejército había capturado a Ovidio Guzmán, incluso antes de que los militares extrajeran de la capital de Sinaloa, al presunto narcotraficante.
Cuando personal de la oficina de Durazo comenzó a confirmarle a medios y periodistas que el hijo de Joaquín Guzmán Loera había sido detenido “con fines de extradición a los Estados Unidos”, antes de las 6 de la tarde, la reacción del jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, rompió todos los cánones de institucionalidad que suele manejar y ante la amenaza de que el hijo de su compadre El Chapo fuera enviado a los Estados Unidos, “El Mayo” dio la orden de sacar a las calles todo el poder armamentístico y de sicarios de la organización del Pacífico para evitar “a cualquier precio” que Ovidio Guzmán “El Ratón” fuera extraditado.
Fue entonces que El Mayo tomó el control total del levantamiento armado del cártel sinaloense y ordenó incluso la liberación de los más de 50 reos del penal de Aguaruto, que salieron a reforzar al ejército del narco, que ya para entonces superaba con creces a los 30 soldados que tenían en su poder a Ovidio.
Pero el movimiento táctico que terminó por doblegar al Ejército, al presidente López Obrador y a su gabinete de seguridad, fue la orden de tomar las unidades habitacionales donde vivían los militares destacamentados en Culiacán y amenazar con que mantendrían como rehenes a las familias, mujeres y niños incluidos, y que empezarían a matar uno por uno de los familiares de los oficiales de la Sedena, hasta que soltaran al hijo de Joaquín Guzmán Loera.
Eso y los videos donde se mostraba a un grupo de soldados capturados, a los que les habían quitado las camionetas, y se grababa la ejecución de uno de ellos por parte de los sicarios del Cártel, fue lo que llevó al presidente y a los secretarios de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y al jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, a dar la orden a los soldados, que resistían escondidos, con Ovidio Guzmán en su poder, el embate letal de las tropas del Mayo Zambada y de Iván Guzmán, de que entregaran al detenido “para evitar más muertes” y que se cumplieran las amenazas de matar a más soldados y a sus familias.
SEDENA DIRIGIÓ EL OPERATIVO Y DURAZO QUISO COLGARSE LA MEDALLA
Las fuentes que confirmaron la existencia de una filtración que detonó la declaratoria de guerra del cártel sinaloense, confirman también que la organización y ejecución del operativo para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, cumplimentando una petición del gobierno de los Estados Unidos, fue totalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo aparato de inteligencia diseñó la operación de captura “en total sigilo” y sin informar detalles ni tiempos al Presidente ni al resto de las dependencias del gabinete de seguridad.
“Lo que se pretendía era una operación quirúrgica y de bajo perfil, que no llamara la atención, precisamente para evitar una reacción del Cártel de Sinaloa”, dice la fuente.
“Pero nadie contaba conque, desde el mismo gabinete de seguridad, cuando se enteraron en otras áreas, se filtraría la información, por personajes que pretendieron adjudicarse el mérito de la detención y colgarse una medalla que no les correspondía, pero además lo hicieron antes de tiempo”.
Hasta antes de que filtrara, desde la Secretaría de Seguridad, la captura de Ovidio Guzmán, pero sobre todo que se revelara en esa filtración que había una “petición de extradición de Estados Unidos”, la situación estaba complicada, porque ante los rumores ya habían salido algunos grupos de hombres armados del cártel a las calles, pero todavía el Ejército tenía el control y ya se preparaba el operativo de extracción del detenido, con el envío de helicópteros que lo sacarían de Culiacán con rumbo a la Ciudad de México, para de ahí enviarlo extraditado al gobierno estadounidense, pero en el momento que al Mayo Zambada le avisaron de la intención de extraditarlo, la ofensiva de los sinaloenses escaló, en armamento y en número, hasta el grado de amenazar con matar a mujeres, niños y soldados capturados.
Fue por eso que, cuando desde las 6 de la tarde varios periodistas comenzaron a difundir en sus redes sociales la información “confirmada” que les llegó desde la oficina de Durazo, la guerra en Culiacán estalló con toda la fuerza.
Y el cártel sinaloense, que suele declararse un “grupo institucional” que evita la confrontación violenta con el gobierno y suele mandar mensajes de que su interés solo es comerciar la droga, pero no generar violencia y menos en la capital del estado de donde ellos son originarios, donde viven, conviven y se mueven sus familias, esta vez rompió sus propios códigos y enseñó su poder armado con tal de evitar la extradición del hijo del Chapo.
Esa es la explicación, dicen las fuentes oficiales, de porqué el Ejército tuvo que aceptar una rendición humillante, pero también de por qué, con toda la experiencia de las áreas de inteligencia militar, que durante más de 13 años han coordinado y ejecutado operativos de captura de capos de la droga y criminales peligrosos, esta vez el fracaso fue total y terminó con la entrega de un delincuente capturado no por la falta de preparación, de valor o de capacidad de los militares que habían capturado a Ovidio Guzmán, sino por la filtración y la ambición de funcionarios civiles que quisieron colgarse una medalla que no era suya y que con su protagonismo dejaron en ridículo al Presidente, al Ejército y al país dentro y fuera de nuestras fronteras.
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