El cártel autodenominado “Pura Gente Nueva”, de “Los Salazar”, colgó una narcomanta en un puente al sur de Hermosillo, con una amenaza contra la gobernadora Claudia Pavlovich y su familia, por el incumplimiento de “compromisos” que se “pagan con sangre”.
La advertencia también es extensiva a las diversas corporaciones policiacas municipales de la entidad, así como para los efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), bajo la premisa de que van a “pagar caro por toda la sangre que derramaron”.
La más reciente de las narcomantas dio inicio así: “Señora gobernadora, no respetó el arreglo; tenemos a toda su familia ubicada, así como las corporaciones de la municipal, estatal y AMIC”.
Después establece: “No respetaron el acuerdo y eso se paga con sangre, la van a pagar muy caro por toda la sangre que derramaron por no respetar acuerdos. Atte. José Dolores Palma Morquecho, el 05, y Napoleón y mi hermano Macario, cobraremos la sangre del ‘panza de lodo’, Pura Gente Nueva Salasarez”.
Amenazas a la gobernadora
El pasado 19 de julio, al menos una media decena de narcomantas fueron colocadas en los municipios con mayor número de homicidios en Sonora: Cajeme, Hermosillo, Guaymas y Empalme.
Esta narcolabor colectiva fue realizada durante los primeros minutos de aquella madrugada de viernes y tenía como principales remitentes al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; y a la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano.
“Señora gobernadora, Claudia Pavlovich y a usted secretario de seguridad, Alfonso Durazo, quienes están ordenando las ejecuciones en Cajeme, así como matar a los policías de Guaymas son don Adán, Alfredo y Crispín Salazar, encargados de mover la cocaína de México a los Estados Unidos”, citaba el mismo mensaje en la media decena de narcomantas.
Luego puntualizaba: “Son los generadores de la violencia en Chihuahua en contra de funcionarios y policías, también giraron instrucciones a sus sicarios para asesinar a la periodista Miroslava Breach en ese estado”.
Y eso no es todo: El 12 de abril esta agencia de noticias documentó que la gobernadora Pavlovich fue víctima de intimaciones en el ejercicio de su labor como primera autoridad en la entidad.
“No me voy a doblar”, señaló aquella mañana de viernes la mandataria estatal frente al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, los jefes de seguridad de nueves entidades y mandos de la Policía Federal Preventiva, Marina Armada de México y de la Defensa Nacional.
“Desde aquí les digo, a ellos que nos quieren intimidar, porque me quieren intimidar, a mí o a mi familia; no me voy a doblar, que voy a seguir en la lucha contra los que no toleran la paz y la estabilidad de los sonorenses”, puntualizó la jefa del Ejecutivo local durante la primera reunión regional de las zonas Noroeste-Noreste 2019, adscritos a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.
“Desde aquí les digo, para que les quede muy claro, a todos aquellos que pretendan que la gobernadora del estado no siga por el camino que está trazando, en recuperar la seguridad y la paz de mi estado”, resaltó al principio de su discurso que duró poco más de diez minutos.
Y enfatizó: “Ustedes saben muy bien que soy una mujer que enfrenta problemas y que lo sabe enfrentar con mucho valor”.
Aunque la gobernadora no precisó el origen de esas amenazas e intimidaciones recibidas, para nadie es un secreto que el 27 de marzo anterior un comando armando irrumpió en el rancho familiar “Las Norias”, propiedad de su suegro, Sergio Torres.
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada a finales de marzo, la intromisión de los gatilleros se registró a la una de la tarde del miércoles 27, como se observó en un video de 32 segundos que mostraba el momento cuando de un sedán y una camioneta, ambos de color blanco, descendieron cuatros individuos, que hasta ahora se desconoce sus nombres.
La denuncia fue interpuesta ese mismo miércoles por el propietario, quien es padre de Sergio Torres Ibarra, esposo de la mandataria sonorense.
Para el 1 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) había aprehendido a nueve presuntos responsables de la intromisión en la propiedad familiar.
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