La peor masacre en la historia de Guanajuato sucedió en la madrugada del 9 de marzo en el bar La Playa Men’s Club, ubicado en Salamanca; sin embargo, el hermetismo y los rumores no han permitido que se esclarezca el brutal suceso.
Los hechos ocurrieron minutos después de la medianoche del sábado, cuando al menos siete sujetos armados, que portaban uniformes tácticos, ingresaron en el centro nocturno, ubicado en la colonia San Roque, una de las más conflictivas de la ciudad.
De acuerdo con los testigos, el lugar estaba atestado de clientes cuando los agresores abrieron fuego indiscriminadamente. Trece masculinos perdieron la vida en el tiroteo, mientras que siete personas más quedaron gravemente heridas. El saldo final fue de quince muertos.
Durante las investigaciones, se suscitaron un gran número de rumores y versiones encontradas.
Una de las primeras versiones de la masacre señaló que sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscaban al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, en aquel bar de Salamanca.
Otra aseguraba que fueron miembros del CSRL quienes detectaron en el centro nocturno a varios miembros del CJNG y habían ido por ellos.
Algunas más señalaron que podría haber una relación entre el ataque a La Playa Men’s Club y el operativo que fuerzas federales habían desatado en contra de El Marro en las inmediaciones de Santa Rosa de Lima.
Otra acusó que se trataba de una estrategia del líder del CSRL para generar distracción y poder llevar a cabo otras acciones, pues mientras la masacre ocurría, casi de manera simultánea, se produjo la liberación de la cuñada de El Marro, cuya orden de aprehensión, según la autoridad estatal, nunca llegó.
Al poco tiempo, Ciro Gómez Leyva informó que algunas víctimas no pertenecían al CJNG ni al CSRL, sino que eran trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, según el reportero Humberto Padgett.
Por su parte, la fiscalía del estado informó que las víctimas permanecían en calidad de desconocidas, pero el colegio estatal de abogados señaló que entre los muertos se hallaba un conocido penalista, y exigió que la masacre fuera investigada a fondo.
Hasta el momento, no existe información concreta sobre la masacre de Salamanca, pero la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz culpó a la administración anterior de haberle dejado las patrullas inservibles y las instalaciones descuidadas.
Además, la funcionaria señaló que la entrada del Mando Único, en septiembre de 2017, dejó al gobierno de Salamanca limitado en materia de seguridad.
A pesar de todo, la violencia sigue creciendo, las matanzas siguen ocurriendo y el miedo a las represalias obliga a la gente a guardar silencio. Un habitante de la ciudad, que prefirió quedar en el anonimato, declaró para un reconocido medio:
Habían anunciado que había toque de queda, inclusive se dijo, autoridades, que a las nueve de la noche no tendríamos por qué salir a la calle por la delincuencia y por ver la situación que se está pasando”
Salamanca es la cuarta ciudad más importante del estado es con 285 mil habitantes, pues en su territorio se encuentra una de las seis refinerías de Pemex y pasan un tercio de sus ductos; sin embargo, esas condiciones la convirtieron en el centro de la disputa por el control del combustible robado:
Vivir en Salamanca es una psicosis de oír disparos, de salir con miedo; las calles están completamente vacías”
La delincuencia poco a poco se apoderó de las calles y los vecinos afirman que por todos lados se empezó a vender huachicol; incluso, varios establecimientos ilegales abiertamente decían ‘se vende gasolina robada’.
Pese a la intervención de las fuerzas federales, los testigos afirman que todavía se vende combustible robado, por lo que aparte de vivir con miedo, esperan no ser víctimas de una de las masacres que han azotado a la comunidad:
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