Ciudad Juárez.- Al cumplirse el primer año de que el gobierno del estado empezó a hacerse cargo de la seguridad pública en siete ayuntamientos, cuatro ubicados la zona occidente de la entidad, esta región presenta también el mayor aumento en la violencia.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en esta región –que abarca municipios como Madera, Cuauhtémoc, Gómez Farías y Temósachi– se registraron el año pasado 353 asesinatos, o un 98 por ciento más que los 178 registrados en 2016.
Esta proporción de aumento en la violencia fue la más alta de todas las regiones del estado que, en total, según las estadísticas de la FGE, cerró 2017 con dos mil 12 asesinatos; es decir, 36.8 por ciento más que en 2016.
De acuerdo con lo que ha sostenido el gobierno estatal, el aumento en la violencia obedece, entre otras causas, al fin de la protección de las autoridades de la administración pasada a los grupos criminales.
“Podemos hablar de porcentajes, pero igual podemos hablar de detenciones. Yo preguntaría ¿cuántas detenciones hizo la administración anterior y cuántos jefes de plaza detuvieron en todo el sexenio?”, dijo el Comisionado Estatal de Seguridad, Oscar Aparicio Avendaño.
“Es como cuando ves una casa, la habitas y la ves limpia, pero resulta que tiene cucarachas, ¿qué pasa si fumigas? Van a brotar esas cucarachas; sin embargo las vas a matar y te vas a deshacer de ellas”, agregó.
El funcionario –que también dijo que su ejemplo podía ser “burdo” pero práctico–, agregó que toda estrategia de seguridad seguía una “curva” de violencia, y que la de la zona serrana de Chihuahua empezaba a declinar.
“De ninguna manera creo que sea fallido; al contrario, creo que ha sido un operativo exitoso y eso lo dice la ciudadanía, y es una curva, y ahorita precisamente vamos ya en la parte de baja de la violencia”, dijo.
De acuerdo con la Fiscalía, el 75 por ciento de los homicidios dolosos registrados en la zona Occidente están vinculados con la operación de las organizaciones criminales identificadas como “La Línea” y “La Gente Nueva”.
La intervención
El gobernador panista Javier Corral Jurado ordenó que el estado se hiciera cargo de la seguridad pública de Madera y otros cinco municipios cercanos –Temósachi, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes–, el 18 de febrero de 2017, cuando publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto 080/2017.
El 1 de abril siguiente, publicó el decreto 86/2017 para asumir el control del trabajo de seguridad pública también en Cuauhtémoc.
“Es del conocimiento de la población y de las autoridades que el crimen organizado ha estado operando en esos lugares sin que las policías municipales puedan hacer un frente efectivo contra los desplazamientos de grupos armados en esa región”, indicó el primer decreto. “Por lo que es de suma importancia que el gobierno estatal asuma un control del territorio regional ya mencionado, a fin de establecer el Estado de Derecho y prevenir sobre todo conductas delictivas que lastimen gravemente la sociedad”, agregó el texto.
La medida consistió en la concentración de los agentes de esos municipios –la fiscalía reportó 220– en la ciudad de Chihuahua para pruebas de control de confianza y su reemplazo con elementos estatales entre febrero y octubre de 2017. Al cabo de ese tiempo, de acuerdo con datos de la FGE, sólo un 60 por ciento aprobó los exámenes y pudo reintegrarse a sus labores.
Los patrullajes de los grupos armados, presuntamente civiles integrantes de las organizaciones criminales mencionadas, además, continuaron.
“Andan comandos en varios vehículos; es muy común. Haga de cuenta que son soldados. Pasan de repente, de aquí para allá. Es un secreto a voces”, dijo a El Diario un habitante de Zaragoza durante un recorrido en octubre.
“No es posible que a plena luz del día los ‘malandros’ se desplacen de un lado a otro en caravanas de decenas de vehículos y la policía no los vea; claro que los ven; es más, yo he visto a los policías platicando con los delincuentes en Gómez Farías”, agregó un transportista entrevistado por El Diario en noviembre.
Los hechos delictivos en ese periodo incluyeron masacres como el asesinato de 15 personas en Las Varas, Madera; y desapariciones como la del director del Hospital Regional de Valentín Gómez Farías, el doctor Blas Juan Godínez.
“Es un problema que va más allá de lo que es, pues, los gobiernos; por eso se llama crimen organizado, porque es tanta su estructura que, hasta cierto punto, en un Gobierno en cambio hasta cierto punto está fuera de control o fuera de estrategia en poder atacar a estos grupos”, dijo en entrevista en octubre pasado el alcalde de Madera, Jaime Torres Amaya.
Cuando uno se mantiene aparte de grupos, eso nos permite a nosotros tener esa libertad, de administrar los recursos y enfocarlo a lo que sí debe ser, en recursos productivos y de acuerdo a los rubros, pavimentación, ‘esto va a ser para fomentar el empleo, grupos vulnerables, apoyo a escuelas’, todo eso”, agregó Torres entonces.
Ningún alcalde de los municipios intervenidos por el estado y ubicados en esta zona del Occidente del estado –colindante con Sonora– accedió a la solicitud de entrevista de este medio con motivo del primer año de la medida.
“Me tienen estrictamente prohibido de la Fiscalía dar información”, dijo Jesús Noé Mendoza Ochoa, Alcalde de Valentín Gómez Farías, quien agregó haber regresado al estado la responsabilidad de la seguridad pública en diciembre pasado.
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