De los puertos de Progreso y Yucaltepén, en Yucatán, salen camiones con cargamento de pulpo para abastecer el mercado nacional. Pero en un solo mes empresas del sector perdieron 13 cargamentos de 25 toneladas cada uno, en su ruta hacia las ciudades de México, Guadalajara y Guanajuato, en el centro del país.
Hartos de los asaltos, los empresarios de las congeladoras decidieron suspender los envíos porque sus pérdidas ya suman 40 millones de pesos, aproximadamente. Frente a la demanda de seguridad, la Policía Federal puso en marcha operativos de vigilancia y resguardo de los camiones durante su trayecto en carretera.
"No podemos escoltar a cada vehículo, pero sí agruparlos en grupos de 4 y monitorearlos hasta que lleguen a su destino final", dijo Julio César Martínez, coordinador de la Policía Federal en Yucatán.
Todos los asaltos ocurrieron en el tramo de carretera que va de Veracruz a Puebla, zonas donde operan además grupos criminales dedicados al robo de trenes de carga y de gasolina –el llamado huachicol.
Por eso los especialistas advierten que detrás de esta racha de asaltos está el crimen organizado que busca diversificar sus actividades ilícitas. "La reciente ola de robos de pulpo sugiere que (los grupos criminales) pueden estar aprovechando una nueva oportunidad en el vasto mar de las empresas ilícitas", advierte el centro de análisis InSight Crime.
Pero en la raíz del problema está la estrategia de combate al crimen del gobierno federal, asegura Asael Nuche González, investigador de la organización Causa en Común, dedicada a temas de seguridad.
"El combate a los carteles de la droga propició su fragmentación y dispersión en todo el territorio nacional", dice. El resultado de esa atomización es que ahora operan más bandas dedicadas a delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión y el robo que afecta a distintos sectores económicos.
Del huachicol al robo de carga
El comercio de productos del mar –como el pulpo ahora, la totoaba y el pepino marino– es una más de las actividades económicas afectadas por el crimen organizado en México.
Sus tentáculos ya alcanzaron en el pasado la producción de aguacate en Michoacán y la minería en Coahuila. Recientemente también los cultivos de vainilla, el traslado de mercancías en tren y de combustible de Pemex.
Sólo para el robo de combustible, las tomas clandestinas en el país pasaron de 151 en el año 2000 a 6.873 en 2017, dice Nuche González, de Causa en Común. La mayoría localizadas precisamente en la zona donde se han reportado los robos de cargamento de pulpo. Se trata del llamado Triángulo Rojo, una región limítrofe entre Puebla y Veracruz donde ahora operan también bandas de asalto de trenes.
En esos estados, entre abril y junio de este año se reportaron 102 robos de ferrocarril: 76 en Veracruz y 26 en Puebla. En esa ruta hay un promedio diario de 4 robos de trenes, según cifras de las empresas Ferromex y Ferrosur.
El peor hasta el momento ocurrió durante el primer fin de semana de septiembre, cuando un grupo de hombres a bordo de camionetas bloquearon la vía del tren y amenazaron a los operadores para robar 500 toneladas de maíz y 400 de frijol de soya que representaron una pérdida de 5 millones de pesos para los productores.
Las autoridades disuadieron en alguna medida el robo de combustible, con fuertes operativos del Ejército y la policía. "Pero lo que ocurrió fue que los grupos criminales se movieron hacia el asalto de trenes y autotransportes", advierte Nuche González
El negocio del tráfico de especies
En el caso de los productos del mar, al robo de pulpo lo anteceden el comercio ilícito de totoaba y pepino de mar, que alcanzan altos precios en el mercado negro internacional.
El pepino de mar, por ejemplo, puede costar entre 300 y 500 dólares el kilo, y un solo buche o vejiga de la totoaba, considerada la "cocaína del mar", alcanza hasta los 20.000 dólares.
InSight Crime asegura que desde el año 2000, las autoridades mexicanas han incautado vejigas natatorias de totoabas por un valor estimado de 15 millones de dólares, mientras el comercio ilícito de pepino de mar arroja ganancias calculadas de 110,000 millones de pesos, aproximadamente.
En ambos casos se presume que el principal mercado es China, pero hasta ahora no hay no hay líneas de investigación para determinar a dónde van las toneladas de pulpo robado, advierte InSight Crime.
Por lo pronto, el kilo de pulpo ya alcanza un precio récord de 120 pesos debido a que los volúmenes de captura disminuyeron de manera drástica en Yucatán y Campeche.
Académicos agrónomos también han alertado sobre el robo de cultivos de vainilla para su procesamiento ilegal y grupos de ambientalistas han denunciado el tráfico de maderas preciosas como el Palo de Rosa, una especia en extinción protegida en México.
"No hay permiso para su tala, pero el crimen organizado está metido y sale por diferentes partes del país rumbo a China", advirtió en su momento la organización Defenders of Wildlife Mexico.
El crimen organizado también impactó el comercio de aguacate en Michoacán y la explotación de minas en Coahuila. Es esos estados operaban La Familia Michoacana y los Zetas, respectivamente.
En todos los casos hubo antes una estrategia de embate contra el tráfico de drogas, que derivó en la dispersión de actividades ilícitas.
¿La solución? Contar con mejores policías y concretar las iniciativas en materia de seguridad pública que están pendientes en el Congreso, entre ellas, la ley de seguridad interior, dice Nuche González.
El poder financiero del crimen
Los especialistas advierten que el incremento de robos de gran escala evidencia el crecimiento de mercados ilegales en México y el mundo. "Como todo capital, busca rendimientos y mercados para el blanqueo", dice Ricardo Gluyas, especialista en inteligencia financiera y lavado de dinero del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
"El crimen aprovecha zonas grises de la economía para penetrar y ocultar su origen ilícito", afirma.
México tiene herramientas legales para combatir el blanqueo, como la ley para identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tiene clasificada una serie de operaciones vulnerables, explica el especialista.
"Sin embargo –dice–, es prácticamente imposible abarcar todas las actividades económicas para la prevención del lavado", afirma.
Gluyas afirma que es muy importante el decomiso de los productos del delito para debilitar las estructuras financieras del crimen. El problema es que en México este recurso legal sólo aplica cuando ya hay sentencia, lo que obliga a esperar el final del proceso en contra de un presunto criminal para disponer de bienes producto de actividades ilícitas, explica.
"Es necesario agilizar procedimientos legales para combatir de manera más efectiva el poder económico del crimen", dice, porque actualmente una orden de aseguramiento puede tardar 12 horas, mientras una transacción electrónica tarda segundos.
Como resultado, afirma, "sólo 1% de los recursos ilícitos es asegurado por la autoridad, el resto está en circulación, de acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
Mientras el Estado cuente con pocos recursos y herramientas para combatir la actividad delictiva, los grupos criminales seguirán fortaleciendo su capacidad financiera, impactando las actividades económicas del país.
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