Los casos que pasaron por las manos del exmagistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano desataron huracanes, ahora posee una gran riqueza. Exoneró a Luis Echeverría del delito de genocidio.
Por la matanza del dos de octubre de 1968 y liberó a Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Resolvió la extradición del exmilitar argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en aquel país en 1976. En 2012 levantó polvareda por fallos que favorecieron a un operador del ‘Cártel de los Beltrán Leyva’, y a Sandra Ávila Beltrán, conocida como ‘la Reina del Pacífico’.
Luna Altamirano era amigo cercano de Genaro Góngora Pimentel, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrante de la misma de 1995 a 2009, Nada parecería amedrentar a Jesús Guadalupe Luna Altamirano. Con ese expediente cualquiera estaría curado de espanto.
La investigación
Durante cinco años el Consejo de la Judicatura Federal hurgó en los bienes de Luna Altamirano. Había denuncias, sospechas de enriquecimiento ilícito. El escurridizo juez ganó batallas para justificar sus ahorros con triquiñuelas, como los pasteles que vendía su hija.
El magistrado había preparado el escenario para evadir la acusación. Pero un divorcio, unos pasteles y las estrategias legales no fueron elementos suficientes para evitar su destitución.
Antes de que el Consejo de la Judicatura resolviera separar del cargo al exmagistrado de circuito el pasado 27 de mayo, el entonces juzgador intentó impugnar la suspensión durante un año que le fue decretada.
Los ministros de la SCJN fallaron en su contra y confirmaron la medida emitida por el Consejo, mientras la averiguación del origen de sus recursos permanecía en curso.
Esta fue una de las últimas batallas legales que el magistrado libró para conservar su puesto entre los funcionarios mejor pagados del país.
Hasta su último año en el Poder Judicial de la Federación, 2016, los magistrados de circuito ganaban al mes 144,000 pesos (unos 8,000 dólares), además de los 734,000 (poco más de 40,000 dólares) anuales correspondientes a la prima vacacional, aguinaldo y pago por riesgo. Un total de 2 millones 462,000 pesos (unos 136,700 dólares) cada año.
En 2014 el magistrado fue denunciado ante la Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito. Presumían un origen oscuro de 4 millones de pesos acumulados entre ese año y 2012. En este último sus percepciones mensuales eran de 140,000 pesos además de 755,000 anuales de prima vacacional, aguinaldo y pago por riesgo; en total al año ganaba 2 millones 443,666 pesos.
El dinero fue detectado mediante las transferencias bancarias realizadas en sus cuentas y las de sus familiares, sin que su origen pudiera ser determinado.
La inexplicable tardanza con la que fue denunciado ante la PGR, su divorcio y la obtención de diversos créditos bancarios fueron los argumentos que jugaron a su favor, para reducir la cantidad por la que se le acusó a apenas 1 millón 264,786.42 pesos.
Los pasteles
En sus explicaciones el magistrado indicó que el dinero provenía del sueldo que percibía su hija Ana Laura como trabajadora del corporativo WalMart y afirmó que “le fue detectada una cantidad nada significativa”.
Los pasteles que vendía su hija Paola María de los Ángeles fueron utilizados por el magistrado para justificar depósitos por 177,890 pesos hallados en su cuenta bancaria.
En la página 122 del resolutivo del Consejo de la Judicatura Federal se lee: “En cuanto a las cantidades localizadas a su hija Paola María de los Ángeles [dijo] que éstas provienen de su trabajo desarrollado a lo largo de tres años como repostera. Lo cierto —revira el Consejo— es que tampoco exhibió elementos de prueba con los cuales acreditara tales asertos, por lo que subsiste el origen desconocido de dichos depósitos”.
Lo increíble de los pasteles fue aderezado por la judicatura que indicó: “El origen de dichos depósitos correspondía acreditar al implicado”.
Su divorcio de Leonor González Meléndez fue avisado al CJF hasta 2011 cuando el magistrado la sustituyó en su declaración patrimonial como dependiente económico por Diana del Pilar “N”, su nueva esposa y su hijo, Daniel Ernesto, quien en mayo de 2012, mes en que presentó la declaración, contaba con un mes de edad.
A Leonor González le fueron hallados depósitos por 550,409.5 pesos entre 2004 y 2012; sin embargo, el CJF indicó que derivado de su divorcio con el ex magistrado en 2010, sólo pudo revisar 266,843.5 pesos, mismos que el magistrado no pudo justificar.
Según fuentes judiciales consultadas, el enriquecimiento por una cantidad tan baja fue lo máximo que pudieran probarle al magistrado, de quien sospechan que hay cosas aún más oscuras. Algunos se explicaban el halo de protección a su cercanía con el poderoso ministro Genaro Góngora.
El 27 de abril de 2017, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió destituirlo por encontrar discrepancias entre sus declaraciones patrimoniales y los bienes que tiene, así como por las sentencias que emitió a favor de miembros del crimen organizado.
“Procede imponer al licenciado Jesús Guadalupe Luna Altamirano la destitución del cargo como titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en términos de lo dispuesto en las normas sustantivas emitidas por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables”, señala en la página 187 de la resolución.
Así fue como el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, se convirtió en el segundo juzgador federal destituido por acusaciones de enriquecimiento ilícito desde la creación del consejo en 1995.
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