Los ofrecimientos van desde 1.5 hasta 60 millones de pesos. La PGR, al igual que la DEA o el FBI, cuenta con un sistema de recompensas para quien se anime a proporcionar, se dice que de manera anónima, datos que ayuden a los agentes federales a dar con el paradero de los delincuentes más buscados.
Algunas personas que se decidieron a colaborar con las autoridades han tenido que huir de México, escondidas en algún otro país, luego de recibir amenazas de muerte por su colaboración con el gobierno. No se sabe si, en algunos otros casos, quienes cobraron recompensas por ayudar a la detención de un delincuente, vivan en tranquilidad con la certeza de que ningún funcionario federal venderá los datos de su localización a quien esté interesado en saberlos. Lo que sí se sabe es que algunos exfuncionarios federales han cobrado esas recompensas, a pesar de que la ley se los prohíbe, en complicidad con empresarios que se han prestado a ser “denunciantes anónimos”. En cualquier caso, cuando las autoridades ofrecen recompensa por algún criminal, le están cediendo a la ciudadanía la responsabilidad de atrapar a esos delincuentes, como si le dijeran: si no los atrapamos es porque ustedes no colaboran.
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció el 13 de junio que había abierto una bolsa de recompensa de 9 millones de pesos para quien proporcionara información que lleve a la captura de los agresores de seis periodistas. Se trata de Cecilio Pineda Birto, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios y Miroslava Breach Velducea, asesinados recientemente, además de Sonia Córdoba Oseguera, por tentativa de homicidio y lesiones.
Hasta el momento nadie se ha presentado a proporcionar datos que lleven a la detención de los responsables. ¿Qué lecturas recoger del anuncio de la PGR? ¿Están tan mal las investigaciones que han decidido tirarle la bolita a la ciudadanía para que sea ella la que haga el trabajo de la Fiscalía? ¿Es parte de una estrategia de comunicación para intentar demostrar que están haciendo todo lo posible para dar con los responsables? ¿Que no importa el dinero que se gaste con tal de castigar a los culpables de esos homicidios contra periodistas? ¿Están queriendo simplemente ganar tiempo, mantener entretenida a la prensa que no deja de preguntar por los avances en las investigaciones?
No es necesario realizar una encuesta ciudadana para determinar qué porcentaje de la población está dispuesta a denunciar a criminales. La respuesta evidente sería que muy pocos estarían dispuestos a arriesgar su vida o la de su familia para hacer una denuncia “anónima” que implique una recompensa que, a lo mejor, ni siquiera se tendrá oportunidad de disfrutar.
En otros países, como Estados Unidos, los programas de recompensas sí han sido efectivos para rastrear a delincuentes gracias a que las autoridades cuentan con la confianza de la ciudadanía y a que es casi improbable que un preso escape de una cárcel estadounidense para ir a buscar venganza contra el ciudadano que lo delató. En México, basta recordar que tras la fuga de 26 reos del penal estatal de Ciudad Victoria el pasado 22 de mayo, la activista Miriam Elizabeth Rodríguez fue asesinada presuntamente por uno de los reos evadidos que había ingresado a ese penal gracias a las investigaciones que la activista realizó por su cuenta para dar con los secuestradores y asesinos de su hija Karen Alejandra.
Sin embargo, esa desconfianza absoluta de la ciudadanía hacia las autoridades de los tres niveles de gobierno no ha sido suficiente para que la PGR no anuncie, con bombos y platillos, su propio programa de recompensas con cantidades que van desde los 1.5 a 60 millones de pesos a quienes proporcionen información que contribuya a la captura de narcotraficantes, secuestradores, asesinos y políticos fugitivos acusados de peculado o lavado de dinero.
A nivel mundial, son dos los delincuentes por los cuales el gobierno de Estados Unidos ofrece las recompensas más altas. Se trata de Ayman al-Zawahiri y Abu Bakr al Baghdadi, terroristas de al Qaeda y el Estado Islámico, respectivamente, por los que se ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares. Hasta no hace mucho, Joaquín Guzmán Loera formaba parte de esa lista aunque su nivel de peligrosidad no era equiparable para el gobierno estadounidense con la de los terroristas yihadistas. Por el líder del Cártel de Sinaloa se ofrecía la cantidad de 8.5 millones de dólares. En México, la PGR llegó a ofrecer hasta 60 millones de pesos por el Chapo Guzmán, una cantidad que no ha ofrecido por ningún otro criminal. Entre los fugados más cotizados en el programa de recompensas se encuentran Ismael Zambada Niebla, El Mayo, por el cual el gobierno mexicano ofrece 30 millones de pesos, mientras que la DEA ofrece 5 millones de dólares. Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, es otro de los criminales más buscados y la información que contribuya a su captura vale 30 millones de pesos para la PGR, mientras que para la DEA vale 5 millones de dólares.
Curiosamente, por el líder máximo del que es considerada la organización criminal más poderosa en la actualidad, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, las autoridades mexicanas dan apenas 2 millones de pesos, mientras que el gobierno estadounidense, que lo ha colocado como el enemigo público número uno de aquel país, en su ficha de búsqueda no menciona ninguna recompensa ofrecida por él. Prohíbe, sí, a sus ciudadanos hacer negocios con cualquier de las decenas de empresas que se ha documentado le pertenecen a él, a sus familias o abogados, y que le sirven para lavar dinero. La PGR, en 2016, aseguró en un informe que hasta el momento le han sido aseguradas al CJNG bienes inmuebles, embarcaciones, joyas, autos y cuentas bancarias que superan los 160 millones de pesos.
Por Dámaso López Núñez, la PGR ofrecía la cantidad de 1.5 millones de dólares, suma que le ofrecieron al hacker que grabó imágenes de El Licenciado en una marisquería de la Ciudad de México. Sin embargo, de acuerdo un reportaje de Vice News que pudo entrevistar al hacker, éste no se encuentra en Estados Unidos, bajo protección federal, como se dio a conocer días después de la captura de López Núñez en la colonia Nueva Anzures, sino escondido en algún lugar de México, abandonado y decepcionado de las autoridades federales que le ofrecieron dinero y seguridad a cambio de las imágenes y que hoy teme por su vida.
“En una conversación llevada a cabo desde el escondite que dice no haber abandonado por días, el hacker nos dijo que está preocupado porque el cártel intente vengar el arresto de quien fue su empleador. El hombre siente que el gobierno mexicano lo abandonó y asegura que el año pasado le ofrecieron protección y una suma de 1.5 millones de dólares si es que ayudaba en la captura de López Núñez. Pero ya que el gobierno no cumplió con la promesa de protegerlo a cambio del video, asegura sentirse atrapado en algo así como un purgatorio”, dice el reportaje firmado por Lorenzo Franceschi y Brian Anderson. “Ellos no lo atraparon, lo atrapé yo, porque yo lo acorralé, yo lo puse en evidencia, yo le grabé la cara, ellos no sabían a quién iban a agarrar”, señaló el hacker.
Pero como en México todo es simulación institucional, la PGR cuenta con su propia ley orgánica en materia de recompensas en la que se establece los procedimientos, incluso, para entregar dichas recompensas. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 5, fracción XI, de la Ley Orgánica de la PGR, las personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones que permitan la localización y detención de delincuentes, recibirán el dinero ofrecido en recompensa “en un solo pago o en exhibiciones periódicas”, dependiendo del monto.
La PGR tiene un monto límite de 15 millones de pesos. Sólo en casos excepcionales, dependiendo de la importancia o grado de peligrosidad del criminal, la dependencia está autorizada a ofrecer recompensas superiores a esa cantidad. Fue el caso del Chapo Guzmán y lo sigue siendo en el del Mayo Zambada.
En todo caso, dice la ley orgánica, tienen que ser civiles, ciudadanos que no sean servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad, administración de justicia y ejecución de sanciones penales los que procuren una recompensa.
Uno de los métodos que algunos de estos servidores públicos han empleado para beneficiarse con la información que tienen sobre la ubicación de delincuentes es contratar a un civil para que él haga la denuncia y luego, aprehendido el delincuente buscado, repartirse el monto de la recompensa.
En 2013, la exprocuradora Marisela Morales, hoy cónsul general de México en Italia, fue señalada de pertenecer a una red de funcionarios de la PGR que se dedicaba a cobrar recompensas por supuestas denuncias anónimas que llevaron a la captura de varios criminales, entre ellos, Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z 40”.
Así mismo, en marzo de 2015, Reporte Índigo dio a conocer unos audios en los que se vinculaba a varios funcionarios de la actual administración de la PGR de coludirse con algunos empresarios en Ciudad de México, para que sirvieran como denunciantes anónimos y que pudieran cobrar el dinero ofrecido que luego se repartía entre estos empresarios y los funcionarios que no podían acceder al sistema de recompensas por ser servidores públicos. Entre los funcionarios mencionados en el audio aparece el de Abraham Eslava, responsable de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
En el caso del Chapo Guzmán, la PGR incluso dio a conocer un Acuerdo dividido en once puntos para tratar cualquier incidencia relacionada con su recaptura. Las autoridades previeron, de hecho, la posibilidad de que dos o más ciudadanos alertaran sobre su ubicación al mismo tiempo. En ese hipotético caso, el Acuerdo establecía que “Si dos o más personas proporcionan la información a que se refiere el artículo primero de este Acuerdo, respecto de la misma persona por la cual se hace el ofrecimiento y su veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad fuese la misma, la recompensa se entregará a quien la hubiere aportado primero.”
El denunciante anónimo, una vez que es aprehendido el delincuente, recibe un número de identificación confidencial para estar en comunicación con un servidor público de la PGR, quien le dará a conocer los avances del trámite de entrega de recompensa. Según el inciso segundo del acuerdo, “los datos personales de quien la haya proporcionado [la información], así como las actas que se levanten y toda la documentación e información que se generen con motivo del presente Acuerdo, se clasificarán como información estrictamente reservada y confidencial, en términos de lo establecido en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales”.
Dentro de los diez días hábiles después de la denuncia y detención del delincuente, deberá ser entregada la recompensa. Este procedimiento puede ser de dos maneras: ya sea a través de un depósito bancario en la cuenta que el denunciante haya proporcionado, en uno o varios pagos, o una entrega en efectivo del monto total. En todo caso, la PGR aclara que si la persona a quien debe entregarse la recompensa no proporciona el número de la cuenta bancaria o no acude a la cita con las autoridades sin una justificación “válida”, perderá el derecho a recibir la recompensa.
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