CHILPANCINGO. Gro.- Mientras los hijos del gobernador Héctor Astudillo Flores son acusados de realizar presuntos negocios al amparo del poder, decenas de jóvenes en la región de la Tierra Caliente son reclutados por el crimen organizado para utilizarlos como carne de cañón en enfrentamientos donde bandas delictivas disputan el control del poder político y económico en la entidad.
Se trata de los hijos del narco de Guerrero, adolescentes que sintetizan la nula expectativa de desarrollo de una sociedad decadente en una entidad colapsada por la corrupción, violencia, pobreza y marginación.
Manuel es un joven originario del municipio de Arcelia, que por su edad debería estar cursando la secundaria o preparatoria en un plantel escolar, pero decidió cambiar los libros por las armas y la muerte en este lugar donde los sicarios son desechables y no existen alternativas de desarrollo integral para la juventud.
En redes sociales, Manuel presume formar parte de una célula de niños armados del grupo de la Familia Michoacana, que dirige un delincuente identificado como Ramiro Bahena Urieta, El Güero Pelayo, todos al servicio de Jonhy Hurtado Olascoaga El Mojarro.
Hurtado Olascoaga es considerado como el jefe máximo de esta organización criminal que tiene su bastión en Arcelia y presencia en la región de Tierra Caliente y zona norte de Guerrero, así como en el sur del Estado de México. También es señalado como socio minero del empresario de negro historial Carlos Ahumada Kurtz, indican reportes oficiales.
Posando con fusiles AK-47 y AR 15, uniformes militares, fornituras y equipos de radiocomunicación, Manuel difunde fotografías en Facebook caminando por los cerros, a bordo de una camioneta junto a otros niños delgados y de estatura pequeña pero ensoberbecidos por el temor, desprecio, respeto y admiración que infunden entre sus seguidores.
Algunos adolescentes hacen comentarios donde le piden “chamba” a Manuel, otros le desean que la Santa Muerte lo proteja y su novia, una jovencita también, no deja de lanzar mensajes de amor que son correspondidos con muestras de afecto y cariño por el niño sicario de la Familia Michoacana.
En lugar de estudiar, Manuel juega a la guerra en un conflicto armado que tiene asfixiada a la sociedad en la región de la Tierra Caliente, donde La Familia Michoacana de Arcelia mantiene una brutal confrontación con la banda de Los Tequileros de San Miguel Totolapan y que ha exhibido nexos de políticos, empresarios del sector minero, autoridades de los tres niveles y el Ejército con el narco.
De acuerdo con cifras del INEGI, en Guerrero el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 7.8, lo que equivale a poco más del primer año de secundaria, frente a un 12 por ciento de analfabetismo.
Mientras que estadísticas del sistema estatal educativo indican que en el ciclo escolar pasado (2015-2016), se registraron 220 mil estudiantes en secundaria y se documentó un grado de deserción escolar del 5.2 por ciento.
En nivel medio superior se inscribieron 142 mil 942 estudiantes y abandonaron sus estudios un promedio del 10.2 por ciento.
Es decir, el grueso de adolescentes que dejan las aulas en la entidad son de nivel preparatoria y algunos de ellos, como Manuel, son reclutados por la delincuencia para ser desechados, revelan las cifras de homicidios dolosos donde la mayoría de víctimas son jovencitos de origen humilde, indican reportes oficiales.
Los hijos de la clase política
A diferencia de los niños del narco, los hijos de la clase política de Guerrero presumen en redes sociales los cargos públicos y notarías que heredaron de sus padres, así como lujo, opulencia y excesos.
En junio pasado, Proceso dio a conocer que la zona conurbada del puerto de Acapulco fue tapizada con mantas donde acusaron a los hijos del gobernador Astudillo de realizar negocios al amparo del poder junto al diputado federal priista, Ricardo Taja Ramírez.
El mandatario calificó las acusaciones contra sus hijos como un chantaje de un empresario, pero nunca identificó al responsable y se desconoce si procedió legalmente.
No obstante, un mes después, en julio, fue detenido el empresario porteño Joaquín Alonso Piedra, acusado por el gobierno federal como operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco.
Alonso Piedra ha sido señalado públicamente de ser uno de los principales financiadores de la campaña de Astudillo, así como de otros políticos priistas y perredistas en el principal destino turístico de la entidad.
El hijo del presunto lavador de los Beltrán en el puerto, Iván David Alonso Bustamante, fue designado previamente como coordinador de vinculación empresarial de la fundación priista Colosio en Guerrero, por el notario porteño y expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado.
En abril pasado, Robles Hurtado fue removido del Poder Judicial, luego de que Apro dio a conocer que pese a su anunciado plan de austeridad, se había dado el lujo de pasar sus vacaciones de Semana Santa en Las Vegas y exhibir sus fotos en Facebook.
En octubre de 2015, esta agencia informó que el subsecretario de Gobernación, René Juárez, junto con el exalcalde de Acapulco, Manuel Añorve –acusado de presuntos nexos con el narcotráfico–, colocaron a sus hijos en la administración de su compadre Astudillo.
René Juárez Albarrán fue nombrado representante del gobierno estatal en la Ciudad de México, y el hijo de Añorve Baños, Manuel Añorve Aguayo, es subsecretario de Desarrollo Social de la entidad.
El único mérito de ambos es ser hijos de los principales operadores de la campaña del mandatario estatal y su desempeño en el gobierno se ha limitado a presumir ropa, comida y viajes en redes sociales.
Este es el contraste entre los hijos del narco y los hijos de la clase política que se han beneficiado con el drama que se vive en la entidad, donde los muertos no son turistas ni famosos, sino jóvenes que no tienen garantizado su derecho a desarrollarse de manera plena.
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