El domingo 21 de mayo salió a circulación el número 747 de RioDoce, 32 páginas dedicadas —a excepción de las que dan cabida a la publicidad— a memoriales, reseñas, notas, artículos, sobre la personalidad de Javier Valdez Cárdenas, de sus enseñanzas; frases y consignas de quien fue fundador de ese periódico al lado de Ismael Bojórquez.
Todos los textos publicados, menos la columna de Ismael Bojórquez, y la escrita por Andrés Villareal, están firmados a nombre de Javier Valdez. Su columna, Malayerba, un espacio en blanco y en el otro pidiendo justicia.
La edición es una honra al periodista asesinado el 15 de mayo de 2017, luego de que dos sicarios —de acuerdo con los testigos— le metieron 12 tiros a su cuerpo, a unos metros de las oficinas de RioDoce.
En las páginas del semanario, solo una esquela. La de la Universidad de Guadalajara.
Los periodistas no señalan presuntos sospechosos, tampoco lo hace la Fiscalía de Sinaloa. Mucho menos lo ha hecho la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
A diez días del crimen, cuando esta columna se escribe, el silencio persiste.
Justo lo que las mentes criminales que ordenaron el asesinato de Javier Valdez querían: dejar a la prensa en el tintero, acallar a la autoridad, seguir viviendo con la impunidad que han logrado al corromper al Estado mexicano, de abonar junto al gobierno de la república —por omisión, por incapacidad o por complicidad— a una ausencia de Estado de derecho.
Es increíble que pasen los días y “los investigadores” no den a conocer las teorías, las hipótesis sobre el crimen de Javier. Fueron dos asesinos, mínimo tres autores materiales si consideramos que iban manejando un carro. El homicidio fue por sus publicaciones. El sentido de firmar todas las notas de RioDoce a nombre de Javier nos dice que sus compañeros lo saben: todos somos Javier y seguiremos publicando, ese parece ser el significado de su homenaje.
El crimen fue al estilo de la mafia. Así es como los narcotraficantes han matado a otros periodistas. Les molesta lo que publican, los siguen, los espían, y cuando más vulnerables están, entre tres los atacan (nueve en el caso de Jesús Blancornelas, en 1997). Usan guantes y pasamontañas, huyen del lugar sin ser vistos ni detenidos, a veces por la complicidad de la policía local, a veces solo por la incapacidad y la ineficiencia de las corporaciones policiacas y la procuración de justicia.
Con tantas ejecuciones en México con la firma del crimen organizado no es difícil asumir que a Javier Valdez lo mató el narcotráfico. Y en Sinaloa solo hay un cártel, el de Sinaloa. Dividido, pero es una organización criminal con nombres y apellidos en sus líderes y en sus facciones delincuenciales. Pero ni con esos elementos las autoridades de procuración de justicia en este país se atreven a decir públicamente lo que ya deben saber ministerialmente: al periodista lo mandó matar gente del Cártel de Sinaloa.
De eso no puede haber duda, acaso determinar si lo hicieron solos, o acompañados de corruptos que desde el gobierno forman parte de la criminalidad organizada.
Tampoco cabe sospecha sobre el móvil del crimen: el ejercicio de la libre expresión. Las publicaciones de RioDoce, firmadas por Javier Valdez Cárdenas, molestaron a políticos y a bandasdel Cártel de Sinaloa que dirige, sin que lo toque la ley, Ismael el Mayo Zambada, prófugo de la justicia desde que comenzó su vida criminal a finales de la década de 1970.
Los hijos de Joaquín Guzmán Loera, los Chapitos, se fastidiaron y así lo hicieron saber a quienes dirigen el semanario, pretendieron obligarlos a recular en una nota-entrevista que daba voz editorial a su enemigo, el amigo incondicional de su padre, el criminal ya aprehendido Dámaso López Núñez.
Esa debe ser la principal línea de investigación del asesinato de Javier Valdez. Un ataque del narcotráfico a la libertad de expresión en Sinaloa.
El gobierno de México, en sus distintas representaciones, sea la edición priista, sea la panista, no ha tenido la capacidad ni el arrojo, mucho menos el compromiso, para aprehender al líder criminal del Cártel de Sinaloa. El trabajo de combate a la inseguridad lo han dejado a medias. Detuvieron a Joaquín Guzmán Loera, pero no buscan con ahínco a Ismael Zambada, como tampoco desmantelaron la red de narcotraficantes que sostienen el Cártel de Sinaloa, en cuyo seno delincuencial se anidan las bandas sospechosas de asesinar al periodista.
Ese es el problema en México: la impunidad, producto de la corrupción policiaca y gubernamental, y de la ineficiencia de procuradurías y ministerios públicos, para impartir justicia, combatir el narcotráfico, y poner a salvo a los sectores productivos de este país, entre ellos a los periodistas.
A Javier lo mató el sistema podrido de procuración de justicia mexicano que sentó las bases de impunidad para que miembros del Cártel de Sinaloa accionaran el gatillo. Los gatillos de las armas con que mataron a sangre fría al periodista.
Es tanta la impunidad, y tan evidente la inacción de la justicia en México, que diplomáticos han expresado su rechazo hacia los ataques a periodistas en nuestro país, y han expresado un grito de justicia. Así lo hicieron titulares de las embajadas de Canadá, Suecia, Estados Unidos, la delegación de la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, la Unesco, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, todos se unieron para exigir al gobierno mexicano —a quién más—, que encabeza Enrique Peña Nieto, justicia en los crímenes contra periodistas, y seguridad para estos.
La embajadora de Suecia, Annika Thunborg, fue directa: “Es preocupante que muy pocos de los perpetradores son llevados ante la justicia”, mientras la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, hizo un recuento de los ataques: “Condenamos el asesinato de Javier Valdez. Quinto periodista asesinado en 2017, sexto en Sinaloa desde 2000”.
Periodistas se manifestaron en Europa, en España los comunicadores españoles junto a los corresponsales mexicanos se manifestaron frente a la embajada de México en Madrid; hace unos días, unos sesenta medios de comunicación, radiofónicos, digitales, televisivos e impresos, mexicanos e internacionales, firmaron un desplegado con un “Basta ya”, y sentencian: “Hoy en México la impunidad, la corrupción y, en especial, el crimen organizado han puesto en riesgo una labor fundamental para la sociedad”, y convocan a una serie de “foros para acordar medidas para enfrentar las amenazas y los ataques a la labor periodística”, la autoprotección ante un gobierno federal, encabezado ahora por Enrique Peña Nieto, que ha fallado de manera sistemática en la protección de la libertad de expresión, en proveer seguridad a periodistas, a defensores de derechos humanos, activistas y miembros de la sociedad que levantan la voz para denunciar la corrupción, la transa, la impunidad y la represión.
Editoriales en medios internacionales han hecho el mismo llamado al gobierno federal. Seguridad para todos, justicia para todos, no más crímenes contra periodistas, salvaguardar la libertad de expresión. Pero a más de diez días del asesinato de Javier Valdez, el gobierno de la república no ha reaccionado con acciones concretas, más allá de una conferencia donde se compromete a investigar, a incrementar seguridad, pero no a combatir al narcotráfico, al crimen organizado y a los corruptos, principales atacantes de los periodistas y la prensa libre.
Javier Valdez fue asesinado porque el gobierno de la república no combate a los cárteles de la droga y no apresa a los corruptos. Ese es el origen de la impunidad de la que gozan, hasta la fecha, los asesinos materiales e intelectuales del periodista sinaloense.
La muerte de Javier ahora lamentablemente se ha sumado a la lista de 33 periodistas asesinados en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la organización Artículo 19, o a los 14 periodistas ejecutados por el ejercicio pleno de la libertad de expresión, como ha documentado el Comité para la Protección a los periodistas, también en este sexenio omiso.
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