Guanajuato.- El propietario de la finca donde tres niños fueron asesinados en un enfrenteamiento a balazos, presuntamente entre sicarios y agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato no ha sido llamado a declarar, “No me han llamado a declarar, nadie me ha citado. Estaría muy bien que me investiguen, pero bien hecho”, dijo José Cipriano Sánchez Zavala.
El crimen ocurrió el pasado 14 de enero en una finca en San Miguel de Allende, Guanajuato. Elvelador de la finca, Antonio Luna y padre de las víctimas es acusado del triple crimen.
Sánchez Zavala dijo a Proceso que en el fonde de la finca se encontraba un salón de fiestas en la que el velador y su familia acostumbraban a encerrarse a ver la televisión, ya que en su casa no tenían luz. "Se encerraban por dentro y ni yo podía entrar", enfatizó.
Además, dijo que a finales de diciembre del 2016 rentó a dos mujeres, de las cuales no pudo corroborar la identidad, un departamento que se encontraba cerca del salón de fiestas. Dijo que nunca miró ni escuchó nada raro con ellas, tampoco se percató de la presencia de personas armadas dentro o fuera de la propiedad.
El velador tenía un arma de fuego otorgada por el dueño de la finca, pues una vez entraron a robar y era para que el velador defendiera la propiedad.
Cipriano Sánchez dijo que el viernes 13 estuvo en la finca hasta las 10:30 de la noche regando las plantas y se fue acasa. A la mañana siguiente se percató de varias llamadas perdidas en su celular y un mensaje del velador que decía:
"Venga pronto hay una balacera en la tienda y aquí donde estamos".
El dueño pidió a su abogado que investigara, pero cuando él mismo llamó a los familiaeres de Antonio (el velador) nadie supo de él o su familia, Cipriano se enteró de la muerte de los tres niños cuando lo escuchó en la radio.
Antonio fue acusado por la muerte de los menores de edad. Cipriano pidió a su abogado que lo defendiera pero la familia de Antonio le dio las gracias y contrató a alguien más.
ASÍ FUE LA DESPEDIDA A LOS MENORES
Con los ataúdes blancos en los que reposan los cadáveres de sus tres hijos, Juana Luna encabezó una marcha por las calles de la ciudad y afuera del penal de San Miguel de Allende. Negó que su esposo, Antonio Luna, haya matado a balazos a los niños y aseguró que éstos murieron durante un operativo de la policía ministerial.
Más de 300 personas se unieron a la movilización en demanda de justicia, entre ellas, padres de familia y maestros de la escuela primaria Ignacio Allende, en donde estudiaban dos de los menores.
La madre negó declarar ante el Ministerio Público que su esposo asesinó a balazos a sus hijos Mateo, Adrián y Gabriel, de 11, ocho y cuatro años, y que después haya pretendido privarla de lavida, como lo difundió la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en un comunicado.
En entrevista, dijo haber firmado hojas en blanco que le dieron en el Ministerio Público, pero ella no hizo ninguna declaración.
Comentó que su esposo es velador de la finca a la que entraron policías ministeriales y que el pasado viernes la familia lo acompañó para pasar el fin de semana con él.
Aseguró que cuando todos dormían escucharon disparos y sujetos armados que ingresaban a la casa, por lo que para protegerse se ocultaron en el baño de la planta alta.
Agregó que aunque Antonio realizó detonaciones al aire en el momento en que varios hombresarmados avanzaban por las escaleras, éstos ingresaron al baño y los pusieron boca abajo, luego detonaron un arma de fuego.
Aseguró que después los policías ministeriales se la llevaron detenida junto con su esposo y se enteró de que sus hijos estaban muertos.
“Hay evidencia”. El titular de la PGJE, Carlos Zamarripa, aseguró que se tiene evidencia contundente de que el padre fue quien privó de la vida a sus tres hijos, y detalló que se cuenta con datos en la parte forense y balística.
La esposa del detenido declaró que en el inmueble había varias personas armadas a las que el dueño de la finca les había dado acceso. Al sospechoso se le encontró un arma de fuego en las manos, mientras que en el domicilio, dijo, se encontró droga y cuatro armas de fuego en total.
Zamarripa destacó que no se advierte ninguna falta u omisión en el actuar de los policías ministeriales, quienes al llegar al lugar el pasado sábado fueron recibidos a balazos, por lo que repelieron la agresión y cuando entraron a la propiedad hallaron a los tres niños sin vida.
La subprocuradora de Derechos Humanos, Margarita López Maciel, buscó a la madre de los menores, escuchar su versión y proporcionarle apoyo sicológico a la familia.
Derechos Humanos solicitó informes a la PGJE y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, así como acceso a la carpeta de investigación.
Investiga derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) informó que se inició de forma oficiosa el expediente de queja por la muerte de tres niños ocurrida la madrugada del sábado en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la carretera San Miguel Allende-Dolores Hidalgo, a la altura de la comunidad Ampliación Cieneguita.
En un comunicado, la PDHEG puntualizó el compromiso pleno de llegar a las últimas consecuencias y deslindar responsabilidades por las conductas de comisión u omisión, en que se haya incurrido si el resultado de las diligencias así lo desprenden:
“Frente a esta lamentable circunstancia, la oficina del ombudsman desarrolla una investigación seria, objetiva y profunda”.
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