La introducción ilegal de armas de fuego es un delito que no se castiga en el País, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) indican que, del 1 de septiembre de 2016 al 1 de septiembre de 2017, únicamente ocho personas fueron sujetas a proceso penal por este ilícito.
Además, la PGR reportó que, en el mismo periodo, el Ministerio Público de la Federación obtuvo sólo tres sentencias condenatorias por introducir ilegalmente armas de fuego.
Lo anterior, pese a que, según un estudio de la Universidad de San Diego, cada año ingresan a territorio nacional unas 253 mil armas de manera ilegal, la gran mayoría por la frontera con Estados Unidos.
Javier Oliva, especialista en temas militares, consideró que las aduanas tienen una enorme responsabilidad, por lo que planteó la necesidad de mejorar los instrumentos tecnológicos de detección de armas.
En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se establecen penas de 5 a 30 años de cárcel a quien participe en la introducción a territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos, y materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
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