Cien millones de dólares en tres años fue la ganancia del Cártel de Sinaloa después de una triangulación para lavar dinero mediante la compra y reventa de oro.
Una investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos infiltró a una banda delincuencial que adquiría el metal en Chicago con dólares producto de la venta de drogas, lo revendía en California y Florida, y desde ahí el efectivo era enviado a México, a las manos del Mayo Zambada…
El gobierno de Estados Unidos desmanteló una red mexicana de lavado de dinero la cual, mediante la compra y reventa de oro, en tres años envió a México más de 100 millones de dólares, cuyo beneficiario final fue el Cártel de Sinaloa.
Ante la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó un encausamiento de 311 páginas en el cual acusa a los ciudadanos mexicanos Diego Pineda Sánchez, El Botas, y Carlos Parra Pedroza, Walter, Walt Disney, Don Walt o Ari, de ser cabecillas de una red de lavado de dinero del narcotráfico, especializada en la compra y reventa de oro.
El gobierno estadunidense acusa a 32 personas –mexicanos en su mayoría– de integrar esa red de lavado de dinero que adquiría el oro en el área de la ciudad de Chicago para después venderlo por medio de empresas dedicadas a la compra de ese metal en Los Ángeles, California, y en el estado de Florida; después esas firmas enviaban los dólares a varias cuentas bancarias en México o, bien, mandaban gente que llevaba grandes cantidades de dinero en efectivo.
“Por medio de una investigación se descubrió que la organización dirigida por Pineda Sánchez y Parra Pedroza se encargaba de que los integrantes de su agrupación criminal basada en Estados Unidos recolectara dinero procedente de la venta de narcóticos a través de varios narcotraficantes y manejadores de dinero, para utilizar esos fondos en la compra de joyas y piezas finas de oro en tiendas ubicadas en el área de Chicago.
“Después, por medio de servicios de paquetería enviaban las joyas y las piezas de oro a otras tiendas dedicadas a la compra de joyas y cedacería de oro, las cuales pagaban a los lavadores de dinero en dólares, que después eran transferidos a México”, se lee en el larguísimo expediente judicial cuya copia consultó Proceso.
Jill N. Dennewitz, agente federal especializado en temas de lavado de dinero y narcotráfico del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del DHS, quien llevó a cabo la investigación, entregó al juez federal Daniel G. Martin un recuento detallado de la manera de operar de la agrupación de Pineda y Parra, a la que en el encauzamiento identifican con las iniciales MLO (money laundering organization).
Con ayuda de informantes infiltrados en la MLO, la intercepción de conversaciones y mensajes de texto y la grabación de pláticas entre los integrantes de la banda delincuencial, Dennewitz pudo sustentar la siguiente conclusión ante el juez Martin: “Pineda Sánchez, Parra Pedroza y los otros involucrados lavaron más de 100 millones de dólares procedentes de la venta de narcóticos desde agosto de 2011 hasta septiembre de 2014 para el Cártel de Sinaloa”.
El agente le explica al juez que entre los cárteles del narcotráfico mexicano es muy común el lavado de dinero por medio de la compra de joyas o metales preciosos, especialmente oro.
Como ejemplo de estas prácticas ilícitas se citan las operaciones de los cárteles de Sinaloa, Juárez, del Golfo, Nueva Generación, así como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
“Este caso se refiere a que el lavado de dinero por medio de la compra y reventa de oro por parte de la MLO, se llevaba a cabo a nombre del Cártel de Sinaloa”, puntualiza el encauzamiento sobre los más de 100 millones de dólares enviados desde Estados Unidos a la agrupación que encabeza Ismael El Mayo Zambada García.
En el inciso del expediente judicial titulado Hechos para respaldar la causa probable, Dennewitz revela al juez que utilizó a dos informantes a quienes infiltró en la MLO; gracias a ellos pudo conseguir grabaciones sobre los métodos y estrategias que facilitaron las operaciones de lavado de dinero.
A sus informantes, Dennewitz en el encauzamiento judicial los identifica simplemente como C1 y C2.
“Bajo las órdenes de Parra Pedroza, C1 y C2 recibían con frecuencia cantidades de dinero de entre 20 mil y 1.2 millones de dólares (en efectivo) procedentes de la venta de drogas y de parte de varios narcotraficantes y transportadores de dinero”, pone como ejemplo.
Como pago por sus servicios, los informantes CI y C2 percibían ganancias que oscilaban entre 1 y 2% de cada una de las cantidades en dólares que enviaran exitosamente a México.
Órdenes de aprehensión
El dinero obtenido para comprar el oro en el área de Chicago procedía de la venta de cocaína, metanfetaminas, mariguana y heroína que el Cártel de Sinaloa, mediante sus operadores en Estados Unidos; distribuye en los estados de Illinois, Indiana, Kentucky, Georgia, Carolina del Norte y Ohio, de acuerdo con lo que se desprende del encauzamiento.
Para la compra y reventa del oro, la investigación federal asegura que los dirigentes de la MLO incluso utilizaron el nombre de empresas ficticias, de entre las cuales destacan dos –Shopping Silver y Shopping S–, por medio de las cuales se lavaron varias decenas de millones de dólares.
Sólo entre agosto de 2011 y octubre de 2012 los informantes C1 y C2 “lavaron aproximadamente unos 23 millones de dólares provenientes de la venta de narcóticos con la compra y reventa de cedacería de oro”, enfatiza el expediente, para dar un pequeña muestra de lo lucrativa que es para el Cártel de Sinaloa la compra de oro en Estados Unidos.
El agente del ICE señala que las instrucciones que recibía la MLO por parte del Cártel de Sinaloa establecían como prioridad y preferencia la compra y reventa de piezas y joyas de oro de 24 quilates, cuyo valor por onza estaba al momento de concluir la investigación en unos mil 404 dólares.
La extensión del encauzamiento judicial se debe a que para “amarrar” su caso, Dennewitz presentó ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois la transcripción de todas las grabaciones, intercepción de llamadas y mensajes telefónicos y de correos electrónicos que se hicieron a los 32 acusados y con las cantidades precisas de dinero que manejaron, las cuales arrojan una cantidad superior a los 100 millones de dólares.
“Parra Pedroza contó a C1 y a C2 que los narcotraficantes en México (el Cártel de Sinaloa) le estaban pidiendo que si el dinero procedente de la compra y reventa del oro lo podría enviar más al sur de México, a Colombia”, le explica el agente al juez en el encauzamiento develado en la Corte Federal el lunes 9.
Durante el desmantelamiento de esta red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, el Departamento de Justicia sólo pudo confiscar poco más de 4.5 millones de dólares entre varios de los acusados. Incautó además 33 kilos (en 2011) y otros 8.3 kilos de cocaína el 24 de febrero de 2014 y el 30 de septiembre de 2011, 147 kilos de mariguana.
Bajo la supervisión del fiscal federal Zachary T. Fardon, el caso ante el juez Martin mantiene sellados los nombres de las empresas estadunidenses dedicadas a la compra de oro que fungieron como intermediarias para el envío de dinero a México, a varias cuentas bancarias identificadas como “del Cártel de Sinaloa”. En el encauzamiento a las empresas ubicadas en Los Ángeles y Florida, sólo las identifica como “Refinerías A y B”, respectivamente.
En la Corte Federal de Distrito Norte de Illinois el documento con el nombre de las empresas estadunidenses se mantiene “bajo resguardo”, pues el mismo día en que se dio a conocer el expediente judicial sobre la MLO mexicana en Estados Unidos, Fardon giró una orden de aprehensión firmada por Martin contra todos los implicados, así como una orden de confiscación de bienes.
“Se mantiene bajo custodia del juez el nombre de las empresas porque aún no se han concretado todos los arrestos ni confiscaciones”, explica una funcionaria de la Corte Federal en Illinois, quien pidió el anonimato.
La funcionaria rechazó dar a conocer el nombre de algunos de los acusados que ya fueron detenidos, y en especial declinó hablar de la situación de Pineda y Parra.
“En este caso contamos con la colaboración del gobierno de México, porque varios de los individuos señalados en el encauzamiento se encuentran en territorio mexicano”, dijo por su parte un funcionario del Departamento de Justicia, quien condicionó su platica con Proceso sobre este caso a que no se diera a conocer su identidad. “Muy pronto habrá noticias de esto. Es una operación de cooperación con las autoridades mexicanas que sin duda será exitosa”, agregó.
El encauzamiento 1:15-cr-00061, dado a conocer por órdenes del juez Martin, acusa de lavado de dinero procedente de la venta de drogas que exporta y trafica el Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, además de los mexicanos Pineda y Parra, a José Abel Mendoza Parra, María Loera Alvarado, Ernesto Ruiz Ramírez, Mario Herrera, Anthony Leiva, Teodocio Caro, Luis Reyna Téllez, Héctor Chávez Cuevas, Juan Carlos Núñez Gálvez, José Sanantonio, Pedro Saucedo Palominos, Omar López Cabrera, Virgil Durbin, Valentín Rodríguez, Alma Lorena Ortiz de Rosas Vera, Casimiro Isaías Padilla, Efrén Mota, Félix Lemus Guevara, Pedro Urquiza Osorio, Luis Armando Acosta Vizcarra, Óscar Montes Lamas, Joel Estrada, Harranah Samori, Gabriel Salcedo, Tomás Salgado Reyna, Óscar Acosta, Federico Barrera Pérez, Emmanuel Díaz, José Hernández Ochoa y Alfonso Nevárez.
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