El actual sexenio quedó marcado ya por los magnicidios y asesinatos de servidores públicos sin precedentes en el estado, en medio de la expansión de un grupo delictivo como no se había visto antes, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La clase política de Jalisco ha sido estremecida una y otra vez con el asesinato de sus miembros, de representantes populares que gobernaban bajo sus siglas, y no obstante, los partidos se negaron a blindarse contra el crimen organizado en el proceso electoral de este año.
Es ahora la Fiscalía General del Estado la que revela que los partidos políticos evitaron someter a sus candidatos al mecanismo que se habilitó por primera vez para investigar sus antecedentes y entorno, con el objetivo de descartar cualquier vínculo con la delincuencia organizada.
De esta forma, de los 11 mil 305 candidatos que los partidos registraron ante el árbitro electoral para alcaldías y diputaciones, entre titulares y suplentes, ninguno pasó en realidad por la mínima inspección de la Fiscalía estatal, aunque así lo habían acordado sus dirigentes, y hasta lo anunciaron a los cuatro vientos ante la sociedad.
El propio gobernador y los líderes partidistas dijeron que uno de los acuerdos más importantes de su reunión del 8 de enero de 2015 fue justo el blindaje de la elección, por lo que recurrirían a la Fiscalía para que ésta revisara cada uno de los expedientes de los candidatos que aspiraban a un cargo de elección popular.
Sandoval detalló al término de ese encuentro el papel que la Fiscalía iba a jugar entonces:
“Es el proceso que se inicia a partir de que ya hay registro, ahora si los partidos dicen ‘terminé con mi proceso de preregistro’, es la solicitud que nos están haciendo: ‘señores, aquí están las listas, revisen; si hubiera algo, háganos llegar la información’. Es el acuerdo al que hemos llegado.
“Hoy que ya están los registros y vamos a darles seguimiento (…) nosotros estamos ya en permanente comunicación e investigación. Si hubiese algo se le hace llegar al dirigente del partido político correspondiente”, dijo Sandoval en esa ocasión.
No era para menos. La embestida del CJNG para infiltrar las estructuras de gobierno ha sido evidenciada en distintos hechos, hoy suman seis los Ayuntamientos con Policías desarmadas por su nivel de cooptación.
Incluso, el propio gobernador reconoció ante medios nacionales que su equipo fue contactado por el CJNG para dialogar –lo que se rechazó, aseguró.
En una primera reunión entre Sandoval y los dirigentes, el 23 de octubre del 2014, el mandatario les puso a disposición los servicios de inteligencia tanto de Fiscalía como de Secretaría General.
Ayotzinapa había pasado hacía muy poco y los convocados veían a un gobernador “preocupado”, así lo detalló Reporte Indigo el 11 de noviembre del año pasado.
Al final, sin embargo, todo quedó en palabras, como ahora lo confirma la propia Fiscalía en un informe:
“Considerando los compromisos asumidos por el titular del Poder Ejecutivo, en reunión celebrada con los dirigentes de partidos políticos para investigar o revisar los antecedentes de candidatos postulantes a ocupar algún cargo público a partir de su registro oficial.
“Así mismo, considerando la fecha en que entró en funciones la Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales, (…) no hay solicitudes formales de investigar o revisar antecedentes de algún candidato en el proceso electoral 2014-2015”,
Ni la grave coyuntura que el estado ha vivido con el CJNG ni su enraizamiento en las regiones ni los múltiples magnicidios motivaron a los partidos a examinar los perfiles de sus postulantes, lo cual hizo muy vulnerable la elección.
Los partidos con más candidatos registrados fueron Movimiento Ciudadano, con mil 879; Acción Nacional, con mil 367; Movimiento de Regeneración Nacional, con mil 357; y el Partido Revolucionario Institucional, con mil 271. También hubo 102 independientes. Ninguno fue valorado.
En 2014 se dio un mensaje en el municipio de Cabo Corrientes. Tras el asesinato del regidor priista Juan Carlos Gordian y el exalcalde Carlos Orozco, la Fiscalía detuvo el 30 de octubre a siete miembros del CJNG.
Ambos tenían planes de participar en la elección, pero rechazaron una propuesta criminal de colaboración, según consignó El Universal.
El cártel en el caso Galván
Los más recientes hallazgos en el homicidio de Javier Galván, quien fuera delegado del ISSSTE y exdirigente del PRI en Jalisco, comienzan a apuntar hacia el CJNG, lo que en un primer momento fue negado por el Gobierno estatal.
El 24 de junio la Fuerza Única detuvo a siete sujetos en Guadalajara que serían miembros del cártel –uno de ellos policía tapatío- y responsables del homicidio del también exalcalde de Autlán, en la zona de mayor influencia del grupo.
Al momento de su detención, en una finca de la zona de Oblatos, a los detenidos se les encontró armas y drogas.
En un inicio la Fiscalía había descartado la mano del crimen organizado; Galván fue un operador muy cercano al gobernador cuando éste fue alcalde de Guadalajara entre 2010 y 2012.
El mismo día de su asesinato, el 19 de junio por la noche, el fiscal Central, Rafael Castellanos, ya tenía el móvil:
“El licenciado Galván tenía una disputa con un particular por una propiedad ubicada en Guadalajara (…) Hasta ahora las líneas de investigaciones dan como la principal motivación eso que les acabo de leer”.
La versión levantó suspicacias, y había motivos para ello: en el asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel (también exalcalde de Autlán), el 22 de septiembre de 2014, la Fiscalía afirmó que había cuatro detenidos, luego, la PGR lo negó, como lo dio a conocer Reporte Indigo el 13 de mayo pasado.
En el homenaje de cuerpo presente en la sede del PRI, su dirigente Hugo Contreras expresó estas palabras sobre Galván en las que no pareció referirse a una simple diferencia entre particulares.
“Nosotros los que nos dedicamos a la política, los que buscamos el servicio público, lo hacemos de frente, de cara (…) Y quienes se dedican a causar los males de esta sociedad lo hacen a escondidas, ocultándose, a veces en la oscuridad”.
Galván y el grupo político al que pertenecía han sido ligados con el abogado Antonio Molina, ultimado el 26 de abril en Zacatecas, y de quien se rumoró que podría llegar a la Fiscalía.
La Fiscalía ha investigado el asesinato de 138 servidores públicos entre 2007 y 2014, en 101 halló “características de ejecución”, pero los magnicidios llegaron en 2013 con la muerte de Jesús Gallegos, secretario de Turismo, a quien se vinculó presuntamente con el crimen organizado.
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